Analistas consultados por Reporte Índigo coinciden en que para enfrentar la crisis de inseguridad que hoy se vive en la región Bajío-Occidente de la República, hace falta tanto la intervención apropiada de las fuerzas federales como la correcta aplicación de la ley y no la militarización, particularmente en lo que respecta a la judicialización de los casos.
José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, plantea que la apuesta por la militarización de las tareas de la extinta Policía Federal no ha funcionado y que, en su lugar, se debe priorizar la profesionalización de corporaciones civiles y la colaboración entre las fiscalías estatales y la federal.
‘Mientras sigamos una ruta de militarización, una procuración de justicia ineficiente y políticas de seguridad estatal que sólo velen por intereses propios, la región Bajío-Occidente seguirá bajo el acecho de organizaciones delictivas cada vez más violentas. El tiempo de cambiar es ya’, señala en entrevista.
Hernández-Ramírez, exintegrante de la Comisión Nacional de Seguridad, cuestiona que ‘pareciera que, por evitar conflictos con otros partidos políticos, los gobernadores no están dispuestos a afrontar los costos de reconocer que necesitan apoyo no sólo de su ciudadanía, también de otros gobernadores y por supuesto, de la Federación’.
En esto coincide José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, quien señala que ‘el canal por el que se tiene que mandar es a través del Poder Judicial, de los estados o de la Federación, para poder parar esta violencia. Si esto no se hace a través de la ley, estamos en medio de la selva’.
De igual manera, considera urgente que el Gobierno federal deje la postura de ‘abrazos, no balazos’, aclarando que no se trata de que las Fuerzas Armadas busquen frenar la violencia con más violencia, sino con la correcta aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y sin dejar cabida para la impunidad.
Lucha por el control
El robo de alrededor de dos decenas de contenedores del puerto de Manzanillo, Colima, representa apenas la más reciente evidencia de la desbordada actividad criminal en la región Bajío-Occidente del país, misma que en los últimos años, se ha posicionado en los primeros lugares de inseguridad y violencia a nivel nacional.
De acuerdo con el informe mensual presentado por el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 12 mil 737 homicidios dolosos cometidos entre enero y mayo de 2022, tres mil 312 tuvieron lugar en Guanajuato, Michoacán o Jalisco. En los nueve estados de la región se cometieron cuatro mil 697, casi el 37 por ciento de todo el país.
Aunque en la región también se encuentran Aguascalientes y Querétaro, que mantienen bajos índices de violencia, son la excepción ante la constancia de los enfrentamientos y el descubrimiento de fosas clandestinas, como lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el pasado mes de marzo.
De los 20 municipios de la región censados, más del 81.3 por ciento de los pobladores dijeron sentirse inseguros en Zacatecas, Fresnillo, Irapuato, Guadalajara, Uruapan, Colima y León. En Morelia, San Luis Potosí, Tonalá, Manzanillo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Guanajuato, no menos del 63.7 por ciento de los habitantes reportaron lo mismo.
Para analizar el panorama de la región, Reporte Índigo entrevistó a José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, quien plantea que, aún con su crecimiento económico y estabilidad política, el Bajío-Occidente resulta atractivo para el crimen organizado por su desarrollada conectividad.
Aunado a esto, menciona que hay una serie de factores que han llevado a cada entidad a esta situación. Por ejemplo, por el puerto de Manzanillo ingresan los precursores químicos para drogas sintéticas elaboradas en laboratorios de Michoacán o Jalisco. Mientras que, en Guanajuato, el robo de hidrocarburos ha detonado los índices de violencia.
‘Si hablamos de cómo la ciudadanía percibe a las instituciones de seguridad federal, algunas de las ciudades de esta región tienen los índices más bajos respecto a la confianza que se les tiene’, plantea el exintegrante de la Comisión Nacional de Seguridad especializado en análisis geoespacial de la incidencia delictiva.
‘Si bien hay entidades del Bajío-Occidente que lideran algunos de los indicadores de delitos, hoy en todo el país hay un incremento considerable en la violencia. La falta de resultados de la estrategia federal, así como potenciales colusiones de gobiernos locales con organizaciones delictivas han hecho que el país se vea envuelto en un espiral de violencia’.
‘Parte de esos homicidios se están dando en esta región del Bajío-Occidente y no solamente los homicidios, sino que cada vez más vemos cómo las milicias privadas de las organizaciones criminales actúan con toda impunidad y, a pesar de que las Fuerzas Armadas están presentes en esos lugares, la orden que tienen es de no intervenir.
‘Es evidentemente que las plazas se las pelean. ¿Michoacán por qué se lo están peleando? Porque ahí están los laboratorios’, también hace hincapié en que ‘es muy grave lo que está pasando en estos lugares y es más grave que la autoridad de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina no intervenga’.
Destacando casos como los asesinatos en Zacatecas o las persecuciones y hasta detenciones a elementos de las Fuerzas Armadas en Michoacán, considera que ‘estas milicias privadas de las organizaciones criminales están empoderadas porque no pasa absolutamente nada. Se pueden pasear en vehículos blindados y vestidos con uniformes militares’.
Recordando las cifras manejadas por autoridades de Estados Unidos respecto a que hasta una tercera parte del territorio nacional estaría bajo control de las bandas criminales, Ortega advierte que ‘este crecimiento de las milicias privadas de los grupos criminales a lo único que nos va a llevar es a que nuestro país sea una selva’.
Víctima de la mala coordinación
Ante el desafiante contexto que vive la región, las estrategias de seguridad pública en los distintos estados que componen el Bajío-Occidente se muestran poco homologadas, siendo que algunos gobiernos han buscado distintos métodos para aminorar las actividades delictivas en sus localidades, mientras que otros no parecen encontrar un plan concreto.
A mediados de marzo, el Congreso de San Luis Potosí, aprobó la creación de su Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Civil a semejanza del modelo federal. Para mayo, los gobiernos de Jalisco y Michoacán firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad para atender esta problemática de manera conjunta.
Guanajuato ha emprendido una estrategia que ha permitido reducir de forma importante los índices delictivos. Sin embargo, en casos como Colima, Nayarit y Zacatecas, la falta de acciones y estrategia por parte de los gobiernos estatales han contribuido a que se agrave la crisis de inseguridad.
Sobre esto, José Antonio Ortega, fundador y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, comenta que además de las variadas estrategias en materia de seguridad, hay urgencia por que el Gobierno federal también se coordine con las autoridades locales.
‘Hay algunos estados que sí están reaccionando, como Guanajuato, ahí sí están tratando de aplicar la ley, pero evidentemente son rebasados si no tienen el suficiente apoyo de las fuerzas federales’.
Por el contrario, también señala casos alarmantes como la oleada de violencia en Zacatecas, en donde ‘a pesar de que tiene un gobernador (David Monreal) del mismo partido que el presidente, no ha podido solucionarla’.
José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, plantea la necesidad de entablar una estrategia regional, pues fácilmente actos ocurridos en un estado pueden repercutir en otro rápidamente.
‘Las agencias de seguridad de los tres niveles están totalmente rebasadas y si a eso le sumas que no parece haber una comunicación adecuada, ni mucho menos una estrategia conjunta, el resultado será que las actividades ilegales y los niveles de violencia seguirán creciendo’, dice el especialista en análisis geoespacial de la incidencia delictiva.
Si bien cada estado requiere atender sus condiciones particulares, ‘en el caso de la región Bajío-Occidente, estas estrategias conjuntas deberían de ser no sólo una idea más, sino la constante. Máxime cuando el sistema de conectividad comunica de manera rápida y eficiente a las áreas metropolitanas de esta región’.
